Encuentro «Empresas ante el reto de los territorios complejos. Derechos humanos y diligencia debida en el nuevo marco europeo»
Organizado por las Fundaciones Consejo Iberoamericanas junto con la Cámara de Comercio de España en Perú, AECID, Casa de América y Atolónica
Las Fundaciones Consejo España-Perú, España-Brasil y España-Colombia celebraron el 19 de octubre en Casa de América, en Madrid, el encuentro «Empresas ante el reto de los territorios complejos. Derechos humanos y diligencia debida en el nuevo marco europeo», organizado en colaboración con la Cámara de Comercio de España en Perú, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Casa de América y Atolónica.
La jornada reunió a representantes institucionales, empresas, entidades financieras y especialistas en derechos humanos para reflexionar sobre los desafíos que plantea la evolución del marco normativo europeo en materia de sostenibilidad y responsabilidad empresarial, especialmente en relación con la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD).
Este marco adquiere especial relevancia para las compañías españolas con presencia internacional y, particularmente, para aquellas que desarrollan proyectos en Iberoamérica, donde la actividad empresarial en algunos territorios requiere prestar especial atención a los derechos de las comunidades locales, los impactos sociales y ambientales y la gestión de riesgos.
La bienvenida institucional contó con la participación de Victoria García, directora de Programación de Casa de América; Mar Fernández-Palacios, secretaria general de las Fundaciones Consejo Iberoamericanas; y Diego Herranz, presidente de la Cámara de Comercio de España en Perú.
Mar Fernández-Palacios destacó la utilidad de compartir las dificultades que encuentran las empresas sobre el terreno y las respuestas que están desarrollando. Recordó también que la jornada daba continuidad a un trabajo iniciado en Perú, al que se incorporan las perspectivas colombiana y brasileña. Desde la función de las Fundaciones Consejo como espacios de encuentro entre instituciones y empresas, destacó la oportunidad de reunir conocimientos complementarios para comprender mejor la dimensión social y territorial de las inversiones.
Diego Herranz, por su parte, detalló el trabajo de la Cámara de Comercio de España en Perú en su labor de acompañamiento a las empresas en materia de derechos humanos y diligencia debida. Explicó que este proceso ha supuesto un reto a la hora de fortalecer capacidades y desarrollar metodologías que sirvieran a las empresas para trasladar estos principios a su actividad. La escucha y el intercambio de experiencias se plantearon como elementos necesarios para avanzar en una tarea que exige compromiso y continuidad.
La diligencia debida y los derechos humanos en la actividad empresarial
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la presentación de la Comunidad de Práctica sobre Derechos Humanos y Empresas impulsada por la AECID, a cargo de Carmen Morais, vocal asesora de la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe de la Agencia.
Esta iniciativa busca consolidar un espacio de diálogo, aprendizaje e intercambio de experiencias entre empresas, administraciones públicas, entidades financieras y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de compartir conocimientos y buenas prácticas en materia de derechos humanos y actividad empresarial.
En su intervención, destacó la importancia de incorporar a los pueblos indígenas como participantes activos, con capacidad de propuesta en las decisiones que les afectan. También explicó que una participación equilibrada requiere atender cuestiones concretas como el tiempo disponible, la conectividad, los desplazamientos y el uso de un lenguaje accesible. Las diferencias de recursos entre una gran empresa y una organización comunitaria pueden condicionar su presencia en estos espacios, por lo que facilitar el diálogo exige reconocer y abordar esas desigualdades.
Este Comunidad de Práctica combinará grupos de trabajo temáticos y por países, herramientas digitales de consulta e intercambio y encuentros presenciales. Los grupos nacionales permitirán atender las necesidades de cada contexto, mientras que los espacios transversales facilitarán compartir aprendizajes sobre cuestiones comunes. Entre las prioridades expuestas figuraron la perspectiva de género, la interculturalidad, la comunicación y las prácticas empresariales. La AECID se presentó como facilitadora de un proceso cuyo conocimiento y prioridades deben construirse con la participación de sus integrantes.
A continuación, se celebró el panel de expertos «Proyectos empresariales, CSDDD y territorios complejos», dedicado a analizar las implicaciones de la normativa europea en contextos caracterizados por una especial vulnerabilidad de los titulares de derechos o por situaciones de conflictividad social, ambiental o armada.
El diálogo contó con la participación de Mikel Berraondo, experto en derechos humanos, pueblos indígenas y empresas; Regina Palla, subdirectora de Sostenibilidad de COFIDES; Ana Candial, responsable de Derechos Humanos de ACCIONA; y Esther Moral, del área de Responsabilidad Social Corporativa e Impacto Social de Sacyr.
Ana Candial, Responsable de Derechos Humanos de ACCIONA, explicó desde la experiencia de ACCIONA Energía, la importancia de conocer las relaciones sociales y las dinámicas de poder del territorio. Ese análisis requiere comprender quiénes ejercen la representación formal, qué otras influencias existen y cómo se relacionan los diferentes grupos. Desde el punto de vista de ACCIONA, la contratación, las compras y las operaciones de una compañía pueden modificar equilibrios locales ya complejos, por lo que sus efectos requieren atención desde las primeras fases del proyecto.
«Las empresas tenemos que apropiarnos de ese diálogo y de esa escucha activa», señaló. Ana Candial destacó el apoyo de especialistas que conocen el contexto y el papel de los enlaces comunitarios, personas del territorio que actúan como vínculo entre la compañía y sus habitantes. En proyectos que implican construir y operar instalaciones durante décadas, la relación de buena vecindad forma parte de las condiciones necesarias para mantener la actividad. El diálogo temprano y la continuidad de los interlocutores ayudan a generar esa confianza.
También explicó la importancia de contribuir al desarrollo del entorno mediante iniciativas con vocación de permanencia. En este punto, diferenció la gestión de los impactos negativos de la aportación positiva que puede realizar una empresa. Ambas dimensiones requieren atención: los proyectos comunitarios pueden fortalecer la relación con la población, mientras que la prevención y mitigación de los daños deben responder a los efectos concretos de la actividad empresarial.
La diligencia debida aplicada a una infraestructura
Desde Sacyr, con la presencia de Esther Moral, de Responsabilidad Social Corporativa e Impacto Social, se compartió el caso de la Ruta de la Fruta, en Chile, donde un estudio de diligencia debida solicitado en el proceso de financiación, incluyó más de 80 entrevistas con vecinos, trabajadores, proveedores y otros actores. El trabajo permitió profundizar en las características del entorno e identificar necesidades que podían pasar inadvertidas en una aproximación centrada exclusivamente en la ejecución de la infraestructura.
Entre los resultados expuestos, destacó la detección de los efectos de las obras sobre personas con trastorno del espectro autista. A consecuencia de esto se impulsaron medidas de apoyo a este colectivo y a sus familias, junto con la Fundación Sacyr y la Fundación Abrazo Azul. El ejemplo mostró cómo la escucha directa puede ayudar a reconocer impactos específicos sobre determinados entornos sociales y orientar una respuesta adaptada a sus circunstancias.
Esa experiencia también puso de relieve que la diligencia debida necesita seguimiento. Una vez identificados los riesgos, es necesario establecer medidas, comprobar sus resultados y ajustarlas cuando sea necesario. Para hacerlo, se destacó la importancia de contar con personas en los proyectos que conozcan estas cuestiones, mantengan la interlocución con las comunidades y dispongan de asesoramiento especializado.
La financiación y las cadenas de suministro
Regina Palla, Subdirectora de Sostenibilidad de COFIDES, abordó la incorporación del análisis social y ambiental a las operaciones de financiación. Explicó que la evaluación se centra en los impactos reales sobre las personas y que las exigencias deben considerar el tamaño de la empresa, el sector y las características de cada proyecto. Esa diversidad requiere adaptar el análisis a capacidades y situaciones muy diferentes.
Las cadenas de suministro ocuparon un lugar destacado en el debate. Los ponentes señalaron la necesidad de conocer las condiciones en las que trabajan los proveedores y los riesgos asociados a los distintos niveles de subcontratación. Entre las cuestiones mencionadas figuraron los trabajadores migrantes, los colectivos vulnerables y las condiciones laborales. El alcance internacional de estas cadenas y la capacidad limitada de una compañía para influir sobre determinados proveedores hacen especialmente importante la cooperación y el intercambio de prácticas entre empresas y sectores.
Participación, reparación y responsabilidad compartida
Mikel Berraondo, experto en derechos humanos, pueblos indígenas y empresas, defendió que «la solución es afianzar esos procesos participativos y tener unas relaciones reales de confianza con los grupos de interés». Insistió en la transparencia, el conocimiento especializado del terreno y la participación de las comunidades en el seguimiento social y ambiental. También señaló la necesidad de evaluar los impactos acumulados cuando varias inversiones coinciden en un mismo territorio, ya que sus efectos conjuntos pueden exigir coordinación entre proyectos. Durante su intervención, puso especial interés en la necesidad de diferenciar la inversión social de la reparación de daños. Para ilustrarlo, relató un caso en el que al revisar unas 70 actuaciones presentadas por una empresa como reparación, 68 correspondían a inversión social y no atendían los impactos identificados. El ejemplo permitió profundizar en una distinción central del encuentro: financiar iniciativas beneficiosas para una comunidad y reparar las consecuencias de una actividad empresarial son tareas con objetivos diferentes. «Identificar los impactos y remediarlos y repararlos», resumió, constituye uno de los grandes retos de las compañías.
Las conclusiones finales pusieron el acento en la formación de los equipos, la coordinación entre las sedes corporativas y los responsables sobre el terreno y el acompañamiento a los proveedores, especialmente a las pymes. También se planteó la necesidad de implicar a departamentos como compras, recursos humanos, cumplimiento y asesoría jurídica para incorporar la diligencia debida a las decisiones cotidianas.
El cierre institucional estuvo a cargo de Xavier Urios, Gerente General de la Cámara de Comercio de España en Perú. Para los Líderes Peruanos, la jornada aportó experiencias para integrar la participación, la prevención de conflictos y el respeto a los derechos humanos en el desarrollo de las infraestructuras.




























































































































